Descripción del proyecto

La Decana, el vicedecano y el equipo de gestión de la Facultad de Psicología de la UNC adhieren a la marcha, convocada este jueves 13 de mayo a las 17hs., bajo el respeto de todas las medidas de bioseguridad; pidiendo la absolución de lo/as veintisiete estudiantes de distintas Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, entre los/as cuales se encuentra una estudiante de la Facultad de Psicología, por la ocupación pacífica del Pabellón Argentina durante el mes de septiembre de 2018, en el marco del conflicto por el salario docente, nodocente, contra el desfinanciamiento de la educación pública, y en exigencia por un mayor presupuesto universitario, entre otras reivindicaciones de la comunidad universitaria.

En este sentido nos encontramos mandatados por la Declaración N° 22/18 del Honorable Consejo Directivo de nuestra Facultad que se manifestó en estado de alerta y se solidarizó con los/as estudiantes que habían sido imputados/as judicialmente y la Declaración Nº 8/19 que expresó que el procesamiento de estudiantes, y de cualquier miembro de la comunidad universitaria que ejerza el derecho constitucional a la protesta, pone en riesgo la calidad del régimen democrático y participativo.

Entendemos que la protesta es un derecho fundamental, base de conquistas de reivindicaciones de todos los sujetos políticos de nuestra Universidad y las universidades de todo el país, y que representa la democracia por la que luchamos y que defendemos todos los días desde hace más de 40 años.

A su vez el Honorable Consejo Superior, en su Declaración N° 22/18, también expresó su posición sobre el tema, aclarando que esta Universidad no había formulado denuncia alguna y declarando la férrea voluntad de diálogo y la profunda convicción de que la resolución de este tipo de problemas en una universidad democrática, se debe dar dentro de los mecanismos institucionales que el Estado de Derecho y la Comunidad Universitaria poseen.

En el plano universitario, el claustro estudiantil siempre ha sido importante en la generación de medidas de acción directa para reclamar, ampliar y garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as estudiantes, los de nuestras universidades y, en diversos contextos históricos, los de nuestro país.

La judicialización e injerencia del Sistema Penal en el ejercicio del derecho a la protesta en el ámbito universitario pone en riesgo la autonomía de cualquiera de sus claustros a la hora de ejercer derechos legítimos, reconocidos y protegidos por nuestra Constitución Nacional como forma de libertad de expresión (art. 14,32) y en tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y religión (art.18) y la libertad de opinión y expresión (art. 19).

Defendamos la Integridad del sistema democrático y autónomo de nuestra Universidad y el derecho a la protesta de nuestra comunidad.