Desde la Prosecretaría de Género, Diversidad y Feminismos de la Facultad de Psicología (UNC) se trabajó de manera coordinada con la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC para implementar la normativa nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, en conmemoración de Micaela García, víctima de femicidio en el 2017.

La UNC adhirió a dicha ley mediante Resolución HCS 208/2019, que establece capacitación obligatoria en temáticas de género y violencias contra las mujeres e identidades no heteronormativas para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. La formación planificada por la UNC consiste en completar el Curso Virtual, asistir a una conferencia de manera asincrónica y participar de un Taller presencial.

En ese sentido, el jueves 9 de noviembre a las 18 horas, en el aula C de esta Casa se llevó a cabo la última instancia final para completar la formación, dirigida al claustro docente. La actividad contó con la asistencia de 20 participantes e inició situando la problemática que aborda la propuesta de capacitación en el contexto sociopolítico actual que vive el país y las universidades públicas -puntualmente- frente a un posible marco de retroceso en materia de derechos.

La dinámica consistió en un taller de dos horas de duración, a cargo de las talleristas Natalia Di Marco y Marisa Medrano, que se propuso ahondar en la discusión y el debate sobre algunas premisas y tópicos sobre violencias de género en los claustros universitarios; sus efectos en las relaciones interpersonales; y la incorporación de los desarrollos teóricos sobre este campo académico específico en las currículas de estudio.

Por otra parte, hubo una clara instancia de acuerdo frente al diagnóstico acerca del desigual acceso de oportunidades en la carrera docente para cargos jerárquicos dentro de las cátedras. Los obstáculos que se mencionaron fueron principalmente la disparidad con la que lidian docentes mujeres con hijos/as a cargo sin políticas que aminoren esas cargas en pos de la igualdad en la preparación universitaria y la formación académica necesaria para concursar. En este sentido, se esbozaron algunas ideas relacionadas con la necesidad del desarrollo de una política de cupos dentro de las comisiones evaluadoras en tribunales docentes.

Otra discusión que estuvo presente fue la falta de oportunidades concretas para las identidades diversas y personas del colectivo travesti trans no binarie en el claustro docente. Para el cierre, el debate circuló en torno a la posibilidad de erradicar las violencias a partir de la revisión de las propias formas de ejercicio del poder que se expresa desde los roles docentes, en tanto integrantes de la comunidad universitaria, y en la medida que dichas formas de discriminación o expresiones de desigualdades no son inherentes a un determinado claustro, sino que forman parte de la construcción patriarcal que se hace del poder. Sin embargo, también se planteó que por estos trayectos sólo atraviesan actores universitarios que ya vienen convencidos de incorporar esas miradas y es necesario crear instancias obligatorias de formación para todo el resto de la comunidad que presenta resistencias a estos esquemas.